• Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Penal para el
Distrito Federal en materia de prevención del delito
28.12.25. El Congreso capitalino aprobó diversos dictámenes emitidos por la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mediante los cuales se
reforman diferentes disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en
materia de prevención del delito e incremento de penas a personas infractoras.
Así, se adicionó un segundo párrafo al artículo 179 a la norma citada para
incrementar en dos terceras partes la pena establecida de uno a tres años de
prisión, a quienes cometan el delito de acoso callejero.
De la misma manera, se aprobó imponer sanciones de prisión y multa a quienes
comentan delitos en materia de medio ambiente, tales como invasión de zonas
protegidas, a quien dolosamente haga un uso distinto al permitido del uso de suelo
u obtenga un beneficio económico derivado de estas conductas, a quien descargue
o deposite hasta un metro cúbico de residuos sólidos de la industria de la
construcción en algún lugar no autorizado, entre otros ilícitos.
Mientras que los delitos conocidos como “montadeudas” se castigarán con prisión
de 10 a 15 años y multa de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización,
además de las sanciones que correspondan si para tal efecto se emplearon
documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión.
En este sentido, se impondrán penas privativas de libertad de 2 a 6 años para
quienes roben vehículos no motorizados, lo anterior con el objetivo de proteger el
patrimonio de las personas usuarias, así como garantizar el derecho a una movilidad
segura y libre de contaminantes.
En sesión presencial, las personas legisladoras también aprobaron adiciones al
Código Civil para el Distrito Federal para reconocer de forma expresa la posibilidad
de exigir el pago de alimentos de manera retroactiva desde el nacimiento de la
personal acreedora, lo anterior para dotar de certeza jurídica un derecho, que por
su naturaleza es imprescriptible y vinculado a la afiliación.
Para garantizar la impartición de justicia a la ciudadanía, las Comisiones Unidas de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia, presentaron un dictamen, que también fue avalado por las
y los integrantes del Congreso local, para actualizar el marco jurídico de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México.
Específicamente para actualizar su Ley Orgánica para alinearla al mandato
constitucional y a su operación actual, entre lo que se destaca: el reconocimiento
en la ley de la diferenciación de respuestas institucionales, según la naturaleza del
caso, la creación de diversos modelos de gestión y de unidades administrativas
relativas a la investigación y litigio, determinación, salidas anticipadas e imputado
desconocido, ajustes que se realizarán mediante gastos compensados, lo que
implica que no habrá un impacto presupuestal en su implementación.
Finalmente, entre los trabajos legislativos, también se validó la armonización de la
Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal, para que
se haga referencia a la Ciudad de México y no, al extinto Distrito Federal.
En la sesión de trabajo presentaron los dictámenes aprobados las personas
legisladoras: por el PAN, Lizzette Salgado Viramontes, Andrés Sánchez Miranda y
Federico Chávez Semerena; por MORENA, Yuriri Ayala Zúñiga y Víctor Hugo Lobo
Rodríguez, y por el PVEM, Yolanda García Ortega.
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